Las cosas no son tan sencillas como aumentar o reducir el gasto, despedir o contratar empleados públicos, abrir o cerrar instituciones”

Jorge A. Rodríguez Soto (*)

Actualmente, el Estado costarricense enfrenta, tras varios años deficitarios, serias dificultades financieras.

Es común escuchar a expertos decir que se trata de un problema estructural, pero nadie se toma el trabajo de profundizar en lo que esto significa.

Realizar críticas es sencillo, en particular usando este tipo de terminología; pero pocos dan algún paso en lo que respecta a la reestructuración del Estado. Lo cual es crucial, no solo en el contexto del problema fiscal, sino también siguiendo el objetivo de la reactivación económica.

Los estados modernos se fundamentan en la concepción de ciertos derechos fundamentales y el principio de igualdad. Se busca crear una igualdad de acceso, al menos, a ciertos bienes y servicios considerados fundamentales para llevar una vida humana digna, más allá de la simple existencia biológica. Entre ellos se pueden mencionar el derecho a la propiedad, educación, salud, jubilación, entre otros.

Si bien el objetivo es el mismo para la gran mayoría de estados modernos, se han encontrado una gran diversidad de formas jurídicas para satisfacer el acceso a estos derechos fundamentales.

Esto es lo que se debe tener en mente cuando se habla de reestructurar el Estado ¿Cómo satisfacer la igualdad de acceso a los bienes fundamentales de la mejor manera? En el caso de Costa Rica, creo, el problema no es solo el tamaño del Estado. Las cosas no son tan sencillas como aumentar o reducir el gasto, despedir o contratar empleados públicos, abrir o cerrar instituciones. Este tipo de respuestas no tienen efecto sobre el problema estructural, solo cambian su escala.

Actualmente, el Estado costarricense es complejo, al punto que los mismos funcionarios, por bienintencionados que sean, encuentran dificultades para mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto también plantea dificultades para el sector privado, pues sus emprendimientos se enfrentan con una tramitología excesiva y compleja.

Sin hacer alusión a su tamaño, para evitar polémica, el Estado debe simplificarse; para hacer las cosas más sencillas tanto a los empleados públicos como al sector privado. Simplificar el Estado significa mejorar su eficiencia y eficacia en la producción de servicios públicos. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de organización.

Costa Rica, históricamente, ha sido un país ejemplar en cuanto a la igualdad de acceso a derechos fundamentales, siendo, en muchos casos, pioneros a nivel mundial. Pero la organización del Estado en la producción de estos bienes ha variado poco, y el país ha cambiado mucho demográfica, social y económicamente.

Aumentar la escala no es suficiente, deben crearse formas jurídicas e institucionales adecuadas para los cambios históricos que ha visto el país. El no hacerlo se ve reflejado en importantes y, a veces, crecientes diferencias en el desarrollo regional.

El problema que enfrentamos, actualmente, no es recolectar más impuestos o disminuir el gasto, es un problema estructural. Y como tal, atañe a la forma en la que el Estado se organiza para satisfacer la producción de bienes públicos y garantizar el acceso a los derechos básicos.

El problema no es que el Estado sea “grande”, es que es inoperante, es costoso en relación con lo que logra producir. Y esto no es culpa de los empleados públicos, es producto de la forma jurídica e institucional a través de la cual se ha organizado el aparato estatal durante mucho tiempo.

(*) Jorge A. Rodríguez Soto es economista e investigador científico independiente. E-mail: jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com