El propósito de un marco institucional es esclarecer y agilizar las interacciones, pero si es excesivamente complejo o “departamentalizado” puede terminar por hacer lo contrario

Jorge A. Rodríguez Soto

El tema de las instituciones desencadena debate al solo mencionarlo, pero en realidad es un tema con nociones mixtas, y, por lo general, poco acertadas. Muchas veces, al pensar en instituciones, las personas imaginan una oficina, ministerio o lugar dedicado a proveer un servicio público.

Lo cierto es que este tipo de imágenes corresponden mejor con el concepto de organización. Las instituciones, siguiendo a Douglas North, hacen referencia a las “reglas del juego”. En este sentido existen en sus practicantes y se crean solo con su práctica. Por ejemplo, pueden dar reconocimiento a actores sociales, establecer limitaciones y normar interacciones; de manera formal o informal.

Los conceptos de organización e institución son cercanos, para ser precisos, las organizaciones son el punto donde ocurren las interacciones mediadas por instituciones. Es decir, las organizaciones se componen de instituciones, o sea, las materializan en acciones sociales o colectivas.

Considerando esto, el propósito de las instituciones es facilitar el comportamiento social, la coordinación y cooperación, llegando con estas interacciones al funcionar y coordinación de la sociedad, grupos sociales y acciones colectivas. De esta forma permiten a los seres humanos organizarse en formas complejas para alcanzar objetivos, como mejor calidad de vida, provisión de bienes y servicios, y atención de necesidades.

Entre las ventajas organizativas de los arreglos institucionales se encuentran que reducen los costos de transacción, incertidumbre y brindan confianza. Cuestiones esenciales para el accionar colectivo eficaz, y que son difíciles de subsanar sin un marco claro que las defina. Esto hace que el arreglo institucional de un país sea un aspecto crucial en su camino al desarrollo.

Pero esto deja también una cuestión importante por analizar: ¿es posible que ocurra en dirección inversa?

Precisamente, creo que este es un problema apremiante para la economía nacional. El propósito de un marco institucional es esclarecer y agilizar las interacciones, pero si es excesivamente complejo o “departamentalizado” puede terminar por hacer lo contrario. En vez de reducir la incertidumbre y costos de transacción, puede incrementarlos. Hasta puntos extremos en que entorpezca el funcionamiento de la economía y limite nuevas actividades.

Tal como señaló Ronald Coase, premio Nobel de Economía, los costos de transacción excesivos pueden llevar a resultados negativos, incluso a que no se realicen actividades beneficiosas.

En Costa Rica esto ocurre, muchas veces se deben hacer incontables trámites entre diferentes entes antes de emprender cualquier actividad. Difícilmente alguien conoce con exactitud todos los trámites que necesita antes de iniciar un negocio, creando problemas de información. El solo hecho de buscar esta información ya implica costos, sea de tiempo o de contratar a alguien que los conozca. Llegando a que muchas veces la solución más barata sea la informalidad, o simplemente no hacer nada.

En esta línea, es de reconocer que el gobierno planteó un norte claro al inicio. El énfasis en la reducción de la “tramito-manía” que permea nuestro sistema es axial para el desarrollo del país. Aunque, tal vez, la tarea no es tan sencilla como pueda parecer, por irónico que parezca, reducir procesos también requiere de muchos procesos; y puede que estas iniciativas topen con los mismos problemas que pretenden solucionar.

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Jorge A. Rodríguez Soto.
Investigador científico, economista y escritor independiente.
jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com