OBRA GRIS
Por Yanancy Noguera (*)

Celebramos que, como nunca antes, todos los ciudadanos con acceso a Internet podemos expresar lo que pensamos y podemos ser escuchados. 

La tecnología y el Internet, pese a los esfuerzos de resguardarlos como recursos que no deben pertenecer a nadie sino ser ampliamente abiertos, están concentrados en algunos, usualmente empresas privadas, o en personas y organizaciones que tienen recursos y pueden hacer mayor uso en razón de sus objetivos y propósitos.

De eso hemos hablado en los últimos blocks, a la luz del proceso pre-electoral que comenzará en Costa Rica el próximo año.

Tal y como lo han intentado principalmente los estados europeos, el Estado debe participar en el ordenamiento y el uso adecuado de las opciones tecnológicas para ejercer la libertad de expresión e información, pero sin coartar o limitar el acceso, y las empresas privadas y demás organizaciones deben actuar con la responsabilidad propia que cada vez más se les exige en razón de su tamaño y su impacto en la sociedad. 

Estado y empresas pueden y deben además promover un mejor conocimiento y entendimiento de derechos y deberes del uso adecuado de la tecnología y el Internet mediante la educación.

Sin embargo, siempre hay riesgos. En España se acaba de crear un Procedimiento de actuación contra la desinformación y una comisión del Gobierno definirá qué es una noticia falsa divulgada en las redes sociales. Soluciones así son altamente peligrosas.

“Las empresas privadas y el Estado pueden contribuir con recursos para que la prensa y los periodistas cuenten con recursos suficientes para hacer crecer los contenidos de calidad, a partir de datos fiables y denunciando los que no lo son”.

Yanancy Noguera, periodista

Las llamadas noticias falsas, que de noticias por tanto no tienen nada, son emitidas por personas y organizaciones que tienen el propósito de desinformar y causar trastorno para impactar algo o a alguien. Así debemos verlas y analizarlas.

Cualquier acción efectiva para atacar la desinformación debe considerar, ineludiblemente, que la libertad de expresión debe resguardarse y que las responsabilidades por el abuso deben ser detectadas oportunamente y procederse como la ley, en casi todos los países, dispone. Es decir, no es tanto la ley la que hay que cambiar, sino la capacidad de las instituciones públicas responsables de detectar y denunciar.

Las acciones diversas para desmentir hechos falsos desde la prensa suman a las acciones, pero no tienen en su esencia la fuerza para acabar con el problema, ni podemos esperar que sea ahí donde se solucione. Además, los medios deben lidiar con sus propias dificultades asociadas a los esfuerzos de identificar fuentes de ingresos que respalden un periodismo de fondo que es costoso. Con recursos limitados, la tarea de desmentir los hechos falsos es más compleja.

La educación es la acción más importante que el Estado debe impulsar para que cada ciudadano aprenda a juzgar, evaluar y actuar conforme. No estamos hablando de una educación clásica, pues ya hemos visto que se cae en el contenido falso independientemente del nivel educativo de la persona. También hemos visto como los líderes políticos pueden convertirse en paladines de la desinformación. La alfabetización digital es una tarea prioritaria.

Al denunciar la información incorrecta, los medios y los periodistas contribuyen con esa acción educativa, por eso, no está de más pensar que las empresas privadas y el Estado pueden contribuir con recursos para que la prensa y los periodistas, que ya de por sí tienen el valor de la credibilidad como norte de su trabajo, cuenten con recursos suficientes para hacer crecer los contenidos de calidad, a partir de datos fiables y denunciando los que no lo son. En cuanto más medios y periodistas tengamos en esa labor, mucho mejor.

La tarea es difícil, pero necesaria. Lo requiere nuestra democracia, lo requiere nuestra paz social. Lo urgente no debe atentar contra lo necesario y lo urgente debe dejar tiempo para lo necesario.