𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐬 𝐯𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Anótelo en su agenda desde ya, pues de seguro serán dos horas bien invertidas.
Porque es hora de restaurar, construir y reabrir las puertas de las oportunidades…
Anótelo en su agenda desde ya, pues de seguro serán dos horas bien invertidas.
Porque es hora de restaurar, construir y reabrir las puertas de las oportunidades…
“Hay que dejar de lado las falsas posiciones de que solos podemos y de que lo privado es sinónimo de corrupción”
Por Guillermo Matamoros
El desarrollo de infraestructura de transporte, educación, salud, tecnología, proyectos inmobiliarios y otros servicios, los países lo ejecutan por los mecanismos tradicionales de desarrollo de obra pública (MTDOP), es decir, el Estado es quien lo financia con sus fondos o mediante créditos; o bien, acudiendo a las alianzas público privadas (APP).
En el caso de Costa Rica también se ha utilizado la figura del fideicomiso de obra pública, dirigido especialmente al desarrollo de infraestructura inmobiliaria, plantas eléctricas y, últimamente la carretera San José-San Ramón.
En la coyuntura actual, donde se está cuestionando el mecanismo tradicional de desarrollo de infraestructura vial, y la capacidad de los mecanismos de control interno y externo que operan en el país, para detectar cualquier posible irregularidad en los procesos de contratación y de ejecución de este tipo de obras, las APP abren una ventana de oportunidad para no afectar la provisión de la infraestructura que el país requiere.
Y es que no se puede prescindir del apoyo del sector privado financiero, constructor y operador. Es el modelo de APP, bien manejado, el que da los medios para poder ejercer un control técnico, financiero, jurídico, ambiental, social y fiscal sólido para evitar desviaciones que solo generan desconfianza y atraso en lo que cómo país requerimos para avanzar.
Esto es así en el tanto que, el socio privado es quien, precisamente, por tener que operar y mantener lo que construya para recuperar su inversión, está obligado a hacerlo cumpliendo las normas técnicas mínimas para asegurar la funcionalidad y operatividad de la obra y la calidad de los servicios que ésta ofrece.
Aunado a lo anterior, está la consideración de la realidad fiscal y de capacidad de endeudamiento que enfrenta el país, que se convierte en un freno para impulsar infraestructura bajo los MTDOP, de manera que deberá volverse la mirada hacia el aporte del sector inversionista privado para fondear y financiar la brecha de infraestructura y servicios que aqueja al país en todas sus áreas.
Asimismo, es innegable el aporte que las APP en ejecución pueden tener sobre la dinámica económica que requiere una sociedad.
De acuerdo con un reciente informe del CAF (2020), las APP van a jugar un papel clave en la recuperación económica de América Latina, ya que los gobiernos apenas tienen margen de endeudamiento y su capacidad presupuestaria es limitada, pero la región requiere fuertes inversiones por múltiples razones: ”i) para dar respuesta a necesidades inmediatas de tipo sanitario, logístico o de telecomunicación, ii) para mantener las infraestructuras y servicios existentes en correcto estado de funcionamiento, iii) para incentivar la actividad económica, iv) para solventar el déficit de infraestructuras y servicios públicos, y v) para evitar que se acrecienten las desigualdades”, entre otras.
Es hora de que como país asumamos una posición clara sobre el abordaje de las APP, como un medio para el desarrollo de inversión en infraestructura.
Costa Rica no debería ser la excepción. Sin embargo, no necesariamente se encuentran las condiciones facilitadoras para que las ventajas que ofrecen las APP apunten en esa dirección, ya que según un estudio que está publicando la Fundación Aliarse (http://www.aliarse.org/wp-content/uploads/2021/08/estado.pdf), cerca de un 80% de las instituciones públicas encuestadas indican no contar con equipos técnicos que puedan asumir el desarrollo de procesos de infraestructura utilizando las diferentes figuras de APP que reconoce el ordenamiento.
Otro tema relevante de este estudio está en dónde poner el énfasis, ya que para un 50% debe ser infraestructura tecnológica, seguridad, salud, ambiente y educación, un 15% en edificaciones públicas y equipamiento y solo un 19% en transporte.
Por otro lado, una tercera parte preferiría acudir a contratos de colaboración público privada, una quinta parte a la concesión de obra pública con servicio público, y solo un 8% al fideicomiso de obra pública.
Para casi dos terceras partes, los principales desafíos están en la capacidad institucional, conocimiento técnico para plantear proyectos y ejecutarlos, coordinación interinstitucional y apoyo político.
Este panorama deja ver claramente que, como país, deberán tomarse acciones concretas si se quiere recurrir a las APP como un medio para reactivar la economía, generar empleo, ir resolviendo la brecha en infraestructura y otros. Asimismo, desde hace casi 10 años no se ha utilizado la Ley de Concesión de Obra Pública para promover proyectos bajo esta figura, por lo que la capacidad de promover proyectos nuevos puede ser muy débil.
Ante esta realidad es necesario impulsar acciones que revitalicen las APP como un medio para llevar adelante los proyectos de infraestructura y que permitan crear las condiciones facilitadoras necesarias para que las APP realmente sean un medio idóneo para canalizar la inversión privada y llenar las brechas de infraestructura que tiene el país. En esa línea, el mismo estudio de Aliarse recomienda, entre otras, las siguientes acciones:
Es hora de que como país asumamos una posición clara sobre el abordaje de las APP, como un medio para el desarrollo de inversión en infraestructura, y esto pasa por dejar de lado las falsas posiciones de que solos podemos, de que lo privado es sinónimo de corrupción y de llenarnos de listas de opciones, que no son más que buenos deseos.
Es hora de que volvamos la mirada a los fondos institucionales que están ávidos de encontrar fuentes seguras de inversión, con niveles aceptables de rentabilidad y de largo plazo. Es hora de tomar la decisión de cuál es el país que necesitamos y que vamos a construir juntos.
Otro artículo sobre las alianza público privadas en Costa Rica
Salud como instrumento de reactivación económica
Guillermo Matamoros es consultor de Aliarse, Economista y Abogado.
Trabajo en conjunto de gobiernos locales y Fundación ALIARSE han permitido la recuperación de más de 2 toneladas de materiales
Celebramos hoy, 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje, una ocasión especial para recordar que la adecuada gestión de residuos con valor para los procesos productivos y la protección de la salud y el ambiente es una responsabilidad de todos.
Se trata de una fecha para festejar también el hecho de que por medio de la implementación de estrategias con iniciativas de Alianzas Público Privadas con gobiernos locales, el sector público y privado, en Costa Rica se ha logrado fortalecer el reciclaje a nivel nacional.
Desde la Fundación ALIARSE y gracias al apoyo de organizaciones como Coca Cola Company, VICAL, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Empaques Santa Ana, y municipalidades, ha sido posible ejecutar proyectos que contribuyen a fortalecer la gestión de residuos y el reciclaje.
Gracias al desarrollo de ese tipo de iniciativas, las personas y las comunidades tienen la oportunidad de involucrarse de manera activa en esta tarea y comprender la importancia de reducir el impacto generado por la separación incorrecta de materiales.
En el 2012 se trabajó en el cantón de Liberia con la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA). Con el apoyo de la municipalidad y con la coordinación con el Ministerio de Salud, fue posible lograr que un grupo de personas recuperadoras de residuos en el vertedero municipal se organizaran en una asociación y salieran del vertedero a recuperar residuos valorizables en las calles de la Ciudad Blanca. A la fecha este grupo de recicladores continúa operando.
En los años siguientes Fundación ALIARSE apoyó proyectos con los gobiernos locales de San José, Limón, Santo Domingo, Poás, entre otras, para el desarrollo de investigaciones y actividades de sensibilización y creación de capacidades con las comunidades, todas estas acciones con el fin de aumentar la recuperación de residuos valorizables en la fuente.
En los últimos años, gracias al apoyo de Coca Cola Company, se ha trabajado con las municipalidades de Belén, Garabito, San Rafael y Zarcero, ejecutando proyectos que permiten comprender cuáles son las mejores herramientas para incentivar a las personas a separar sus residuos y fortalecer el reciclaje.
Con la Municipalidad de San Rafael de Heredia se desarrolló una estrategia para mejorar la calidad de la separación de residuos entregados por contribuyentes comerciales en el cantón reforzando herramientas de planificación.
En la Municipalidad de Garabito, Puntarenas, se trabajó colocando estaciones de reciclaje o “Puntos Verdes” en 4 barrios del cantón. Con cada barrio se trabajaron distintos estímulos y entregas de información para conocer cuál era el más eficiente en términos de recuperación de materiales.
Asimismo, con la Municipalidad de Zarcero, se trabajó en una campaña de comunicación a través de WhatsApp para apelar al “principio de patrimonio”: se reforzó el sentido de pertenencia al cantón y cómo ello significa también separar adecuadamente los residuos sólidos en casa.
Estos proyectos permitieron el aumento en la recuperación de materiales en estos cantones entre un 10 y un 35%, traducido a casi más de 2 toneladas.
La gestión de residuos valorizables es posible gracias al trabajo de recuperación de estos materiales que realizan cientos de centros de recuperación y muchas personas. La labor de “hormiga” que llevan a cabo estos individuos, muchas veces en la informalidad, permite la recuperación de más del 80% de desechos reutilizables en América Latina y el Caribe.
“Para atender el reto de la gestión de residuos sólidos y fortalecer el reciclaje es urgente trabajar desde un enfoque público-privado, tanto desde el desarrollo, financiamiento y ejecución de proyectos e iniciativas como también en procesos de construcción de política pública que permitan facilitar la transformación local de materiales”, comentó Rosa Vasquez Directora de Proyectos Ambientales de Fundación ALIARSE.
Información suministrada por la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad: ALIARSE, una iniciativa impulsada por instituciones públicas y empresas privadas que aúnan esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad, la justicia social y al desarrollo nacional.
La pandemia muestra el potencial del talento nacional para la innovación público y privada a través del diseño y desarrollo de diversos equipos médicos
Por Aitor Llodio (*)
El COVID-19 puso en jaque los sistemas de salud de países en desarrollo y avanzados, puso en estado de coma a la economía nacional y la mundial. Se estima que no recuperaremos los niveles del PIB global en al menos 5 años, aunque algunas voces más pesimistas auguran que tomara una década.
En Costa Rica, el virus paralizó el turismo que es uno de los sectores económicos más importantes del país, y producto de ello, la tasa de desempleo aumentó en los últimos meses del 14% al 24%.
La reactivación económica es prioridad, pasa por mantener el empleo y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en el país. Muchas de estas son parte importante de cadenas de valor como la del turismo, el sector agro y ciencias de la vida.
En ese último, Costa Rica es un hub mundial, albergando más de 90 empresas líderes, incluyendo 6 de las 20 empresas más grandes de dispositivos médicos en el mundo. El impacto de este sector en la economía nacional podría aumentar significativamente a través de la generación de nuevos productos y servicios promovidos a través de alianzas entre instituciones públicas, las empresas, la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Las alianzas público privadas en el sector salud no son nuevas en Costa Rica. A finales de los 80 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) impulsó las cooperativas de servicios de salud con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo de atención en salud centrado en la atención integral con énfasis en acciones de promoción y prevención, fundamentada en la estrategia de atención primaria.
Lo que inició con CoopeSalud RL en Pavas evolucionó a un modelo costo efectivo que hoy opera a través de un convenio entre las CCSS y proveedores de salud privados tales como COOPESIBA, COOPESALUD, COOPESAIN, COOPESANA y ASEMECO. Bajo esquemas de prestación descentralizados se ofrecen servicios de salud en 164 de los 1º094 EBAIS del país, beneficiando a cerca de 600.000 personas.
Desde entonces se impulsa una gran gama de alianzas público privadas no contractuales, como las realizadas por el sector de la caña en la lucha contra las enfermedades renales crónicas con un liderazgo destacado del Ingenio Taboga, que permite reducir los niveles de estas enfermedades a la vez que se mantiene la población trabajadora sana y productiva gracias a estrictos protocolos de salud e hidratación.
En el 2006 se implementó el Programa Manitas Limpias con el que la CCSS, el Ministerio de Educación Pública, Colgate-Palmolive y Punto Rojo, se propusieron reducir las enfermedades respiratorias, diarreicas y otras de tipo infecciosa, realizando diversas campañas de concientización para escolares, adultos mayores y población en general. Esto sirvió de ejemplo y guía para implementar el correcto aseo de manos durante la pandemia y a su vez, reducir los casos de enfermedades virales.
“Costa Rica tiene la oportunidad de transformarse en un Sillicon Valley de las ciencias de la vida, y generar cientos de nuevos empleos de calidad”.
Aitor Llodio, Director ejecutivo de ALIARSE
La alianza ALSALUS entre la CCSS, AutoMercado, Hospital Clínica Bíblica y la Fundación ALIARSE se enfoca en atender a mujeres entre 45 y 69 años, en zonas geográficas de difícil acceso, para realizar mamografías y detectar de manera temprana el cáncer de mama. Hasta la fecha, se han realizado más de 43.500 mamografías, y gracias a la atención temprana de casos positivos o bajo sospecha, se ha brindado atención oportuna a más de 450 mujeres.
Estos esfuerzos podrían potenciarse si somos capaces de identificar problemas de salud no resueltos donde las alianzas publico privadas promuevan el planeamiento de estrategias sanitarias y acciones de promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia en el país.
Durante la pandemia se han potenciado las alianzas público privadas en el ámbito de la salud, siendo la donación de kits y equipos de prueba, equipos de protección, el transporte de medicamentos a pacientes crónicos o el transporte de pacientes con cáncer a la terapia algunas de las iniciativas más conocidas.
La pandemia muestra el potencial del talento nacional para la innovación público y privada a través del desarrollo de ventiladores manuales; el diseño, evaluación y producción de equipo de protección personal; el diseño y producción de hisopos para la toma de muestras respiratorias, e investigaciones relacionadas con terapias médicas con suero equino, así como el desarrollo de medicamentos antivirales.
Para llevar estos procesos a escala e incentivar y reforzar la generación de innovación para la salud en el tiempo, será necesario el liderazgo político y empresarial que fomente la inversión para la innovación en el país, y la identificación de áreas prioritarias para el desarrollo de proyectos de interés público privado.
Adicionalmente, se deben superar desafíos como el exceso de burocracia en procesos críticos, fortalecer la capacidad de investigación en algunas instituciones públicas y priorizar recursos para el desarrollo de proyectos público privados.
Costa Rica tiene la oportunidad de transformarse en un Sillicon Valley de las ciencias de la vida, y generar cientos de nuevos empleos de calidad, hoy por cierto más necesarios que nunca.
Para ello debe crear un ecosistema adecuado para generar diseños colaborativos e innovación a través de investigación biomédica y farmacéutica con la articulación y la colaboración de instituciones públicas, academia, empresa, así como organizaciones de pacientes y de la sociedad civil. ¡El futuro está en nuestras manos!
(*) Aitor Llodio es Director Ejecutivo de ALIARSE, la organización promotora de las alianzas público privadas para el desarrollo de Costa Rica. Aitor es consultor asociado senior de The Partnering Initiative (Reino Unido) y ha sido consultor en temas de alianzas público privadas para el BID, OECD, GIZ, UICN entre otros. Tiene una Maestría en Evaluación y Gestión Ambiental de la Universidad de Oxford Brookes, Reino Unido.