Es momento de que el Gobierno retome con más fuerza la lucha contra este flagelo que tanto daño nos causa

Pedro Rafael Gutiérrez Doña

Un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte anual anti-tráfico del 2004 titulado como “sensitivo”,  señala que Costa Rica es “principalmente” un país de tránsito, destino y en menor grado origen”, donde hombres, mujeres y niños son objeto de trata internacional de personas. 

Los números específicos de la cantidad de personas de cada segmento para ese año no se tienen, -señala el informe-, pero el Gobierno y grupos no gubernamentales sostienen que las mujeres y los niños son los preferidos para el desarrollo del vil negocio.

Del 2004 al 2022 el diagnóstico es el mismo, se mantiene en su esencia. La situación es aún mucho más grave como consecuencia del impacto causado por la pandemia del Covid-19 y el recorte o la falta de recursos del Estado, para seguir luchando en contra de dicha actividad.

Señala el documento en uno de sus párrafos que “… en un minivan lleno de turistas, visitaban un club gay nocturno en la ciudad de Limón, donde el atractivo para los extranjeros, eran jovencitos menores de edad…”. 

O sea, este tipo de situaciones ocurren todos los días frente a nuestras narices y muchos de sus miembros barnizan sus actividades disfrazadas de “turismo”. Lo cierto es que este modus operandi responde a una perversa red de delincuentes bien organizados, responsables de querer ver al país como un destino sexual.

Por su parte la embajada embajada en nuestro país señala, en su más reciente Informe de Trata de Personas del año 2021, que Costa Rica ha fallado y le hace falta mucho trabajo por hacer. 

En el 2020 solo 103 casos de trata investigó la Fiscalía, alimentados por sus dos brazos policiales el Organismo de Investigación Judicial, en dificultades económicas que son públicas, y la Policía de Migración, en la misma situación.  De los 103 casos, solo hubo condenas en 5, en comparación con 15 en el 2019 y 10 en el 2018. 

Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica.

En el 2018, como producto de la organización del tráfico de personas y de la corrupción galopante en nuestro país, fueron acusados 12 funcionarios públicos por haber facilitado mediante soborno, el ingreso ilegal de personas a Costa Rica.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pone el dedo en la llaga en este tema cuando dice: “Las personas necesitadas de protección internacional que se mueven de manera irregular o que se encuentran en situaciones prolongadas son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata y pueden no ser capaces de buscar ayuda de las autoridades estatales para escapar de una situación de explotación”.

En ese contexto, el país en estos días sufre el ingreso masivo de miles de venezolanos empecinados por llegar a Estados Unidos, pese a que el presidente Joe Biden cerrara la frontera a los ilegales, convirtiéndose así en materia prima de los traficantes. Los tratantes someten a mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país, siendo particularmente vulnerables quienes viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur.

Las autoridades sospechan que los adultos utilizan a los niños para transportar o vender drogas; algunos de estos niños pueden ser víctimas de trata.

Añade ACNUR: “Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica. Los tratantes someten a los migrantes adultos y niños, principalmente de Nicaragua, al trabajo forzoso en la agricultura y el servicio doméstico o a la trata sexual. Las organizaciones criminales reclutan y coaccionan a personas sin hogar para que introduzcan contrabando en las cárceles con el fin de realizar más actividades delictivas.

“Los tratantes se aprovechan de los migrantes, algunos en ruta a los Estados Unidos, de otros países centroamericanos; el Caribe; China; y América del Sur. Los indígenas panameños son vulnerables al trabajo forzoso en el sector agrícola de Costa Rica, situación que debe ser controlada ante las cosechas de café”.

Queda mucho por decir,  pero hay mucho por hacer.  Es momento de que el Gobierno retome con más fuerza la lucha contra la trata de personas y trazar una ruta clara y permanente,  para combatir este constante flagelo que tanto daño nos ocasiona.

Otros artículos de este autor:
La marihuana hace 500 años
El fin del mundo
Los versos satánicos

Pedro Rafael Gutiérrez Doña es periodista.