“Hay que dejar de lado las falsas posiciones de que solos podemos y de que lo privado es sinónimo de corrupción”

Por Guillermo Matamoros

El desarrollo de infraestructura de transporte, educación, salud, tecnología, proyectos inmobiliarios y otros servicios, los países lo ejecutan por los mecanismos tradicionales de desarrollo de obra pública (MTDOP), es decir, el Estado es quien lo financia con sus fondos o mediante créditos; o bien, acudiendo a las alianzas público privadas (APP). 

En el caso de Costa Rica también se ha utilizado la figura del fideicomiso de obra pública, dirigido especialmente al desarrollo de infraestructura inmobiliaria, plantas eléctricas y, últimamente la carretera San José-San Ramón.

En la coyuntura actual, donde se está cuestionando el mecanismo tradicional de desarrollo de infraestructura vial, y  la capacidad de los mecanismos de control interno y externo que operan en el país, para detectar cualquier posible irregularidad en los procesos de contratación y de ejecución de este tipo de obras, las APP abren una ventana de oportunidad para no afectar la provisión de la infraestructura que el país requiere.

Y es que no se puede prescindir del apoyo del sector privado financiero, constructor y operador. Es el modelo de APP, bien manejado, el que da los medios para poder ejercer un control técnico, financiero, jurídico, ambiental, social y fiscal sólido para evitar desviaciones que solo generan desconfianza y atraso en lo que cómo país requerimos para avanzar.

Esto es así en el tanto que,  el socio privado es quien, precisamente, por tener que operar y mantener lo que construya para recuperar su inversión, está obligado a hacerlo cumpliendo las normas técnicas mínimas para asegurar la funcionalidad y operatividad de la obra y la calidad de los servicios que ésta ofrece.

Aunado a lo anterior, está la consideración de la realidad fiscal y de capacidad de endeudamiento que enfrenta el país, que se convierte en un freno para impulsar infraestructura bajo los MTDOP, de manera que deberá volverse la mirada hacia el aporte del sector inversionista privado para fondear y financiar la brecha de infraestructura y servicios que aqueja al país en todas sus áreas.

Asimismo, es innegable el aporte que las APP en ejecución pueden tener sobre la dinámica económica que requiere una sociedad.

De acuerdo con un reciente informe del CAF (2020), las APP van a jugar un papel clave en la recuperación económica de América Latina, ya que los gobiernos apenas tienen margen de endeudamiento y su capacidad presupuestaria es limitada, pero la región requiere fuertes inversiones por múltiples razones: ”i) para dar respuesta a necesidades inmediatas de tipo sanitario, logístico o de telecomunicación, ii) para mantener las infraestructuras y servicios existentes en correcto estado de funcionamiento, iii) para incentivar la actividad económica, iv) para solventar el déficit de infraestructuras y servicios públicos, y v) para evitar que se acrecienten las desigualdades”, entre otras.

Es hora de que como país asumamos una posición clara sobre el abordaje de las APP, como un medio para el desarrollo de inversión en infraestructura.

Costa Rica no debería ser la excepción. Sin embargo, no necesariamente se encuentran las condiciones facilitadoras para que las ventajas que ofrecen las APP apunten en esa dirección, ya que según un estudio que está publicando la Fundación Aliarse (http://www.aliarse.org/wp-content/uploads/2021/08/estado.pdf), cerca de un 80% de las instituciones públicas encuestadas indican no contar con equipos técnicos que puedan asumir el desarrollo de procesos de infraestructura utilizando las diferentes figuras de APP que reconoce el ordenamiento.

Otro tema relevante de este estudio está en dónde poner el énfasis, ya que para un 50% debe ser infraestructura tecnológica, seguridad, salud, ambiente y educación, un 15% en edificaciones públicas y equipamiento y solo un 19% en transporte.

Por otro lado, una tercera parte preferiría acudir a contratos de colaboración público privada, una quinta parte a la concesión de obra pública con servicio público, y solo un 8% al fideicomiso de obra pública. 

Para casi dos terceras partes, los principales desafíos están en la capacidad institucional, conocimiento técnico para plantear proyectos y ejecutarlos, coordinación interinstitucional y apoyo político. 

Este panorama deja ver claramente que, como país, deberán tomarse acciones concretas si se quiere recurrir a las APP como un medio para reactivar la economía, generar empleo, ir resolviendo la brecha en infraestructura y otros. Asimismo, desde hace casi 10 años no se ha utilizado la Ley de Concesión de Obra Pública para promover proyectos bajo esta figura, por lo que la capacidad de promover proyectos nuevos puede ser muy débil.

Ante esta realidad es necesario impulsar acciones que revitalicen las APP como un medio para llevar adelante los proyectos de infraestructura y que permitan crear las condiciones facilitadoras necesarias para que las APP realmente sean un medio idóneo para canalizar la inversión privada y llenar las brechas de infraestructura que tiene el país.  En esa línea, el mismo estudio de Aliarse recomienda, entre otras, las siguientes acciones:

  • Es necesario desarrollar una visión país sobre la importancia e implementación del modelo de APP para desarrollar infraestructura y servicios de interés público, de modo que articule de manera unidireccional el esfuerzo que se haga.
  • Impulsar la política pública sobre APP que desde hace algunos años se propuso y que puede coadyuvar a darle gobernanza a esta herramienta de desarrollo.
  • Voluntad política para dar el impulso, sostenibilidad, compromiso y seriedad que los inversionistas esperan de un país y sus autoridades.
  • Contar con una unidad estratégica de dirección y coordinación, que se apoya en el Consejo Nacional de Concesiones como brazo ejecutor o de soporte para otras instituciones.
  • Preparar un portafolio de proyectos a partir de adecuados estudios de pre-inversión.  Si bien, existen proyectos en carreteras, puertos, tren, inmobiliario, salud y educación, pocos cuentan con los estudios de factibilidad que demuestren la viabilidad de su desarrollo bajo este tipo de figura.
  • Crear un observatorio de APP, como instancia encargada de desarrollar un trabajo científico de observación, benchmarking, investigación, formación y creación de propuestas para impulsar un proceso de mejora continua, serio, oportuno, inteligente y objetivo. Igualmente, ser un espacio para que los involucrados en los proyectos de infraestructura puedan manifestarse y tener respuestas claras.

Es hora de que como país asumamos una posición clara sobre el abordaje de las APP, como un medio para el desarrollo de inversión en infraestructura, y esto pasa por dejar de lado las falsas posiciones de que solos podemos, de que lo privado es sinónimo de corrupción y de llenarnos de listas de opciones, que no son más que buenos deseos. 

Es hora de que volvamos la mirada a los fondos institucionales que están ávidos de encontrar fuentes seguras de inversión, con niveles aceptables de rentabilidad y de largo plazo. Es hora de tomar la decisión de cuál es el país que necesitamos y que vamos a construir juntos.

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Salud como instrumento de reactivación económica

Guillermo Matamoros es consultor de Aliarse, Economista y Abogado.