Debe pensarse en una forma de estructura tributaria que no valga la pena eludir, y cuya percepción sea mínima para no ahuyentar

Por Jorge A. Rodríguez Soto

Las medidas referentes al gasto público y la política fiscal suelen ser pensadas solo en términos macroeconómicos: aumento de la recaudación, disminución del gasto, inversión pública, deuda pública, etc.

Hay mucho que decir sobre todo esto pero, de momento, he escuchado muy poco sobre aquello que se encuentra en la base de todos estos conceptos: las unidades económicas y su comportamiento. 

Costa Rica atraviesa un momento crítico, en el cual las soluciones no aparecen a simple vista ante una aparente dicotomía entre el rescate de las finanzas del Estado y la reactivación económica. Pero, cabe cuestionarse hasta qué punto se trata, realmente, de una dicotomía. ¿Es posible lograr ambas cosas en alguna medida?

Creo que lo es, pero para lograrlo debe realizarse un minucioso análisis de las estructuras de incentivos que las acciones tributarias dejan a los agentes. Hay que pensar más allá de cuánto se recaudará o a quién se le cobrará, pues en el mundo real no todo funciona como se plasma en el papel.

Debe analizarse la forma concreta en que se va a recaudar, y cómo reaccionarán los agentes reales ante este proceso. Puede parecer una minucia, pero la economía conductual podría ahorrarle al Estado cientos de dolores de cabeza.

Una alternativa para reactivar la economía es con un diseño del comportamiento de las cargas tributarias, algo similar a los planes de “Ahorre más mañana”, creados por el premio nobel de Economía 2017, el estadounidense Richard H. Thaler.

Dejando de lado las consideraciones sociales, a nivel micro, el dilema de los grandes contribuyentes es si vale la pena invertir tiempo y recursos en eludir el impuesto o no, invertir aquí o llevarse su inversión.

Es cierto que hay importantes agentes exentos o con cargas mínimas, pero no se puede esperar un gran patriotismo de los entes jurídicos. Debe pensarse en una forma de estructura tributaria que no valga la pena eludir, y cuya percepción sea mínima para no ahuyentar.

No hacerlo agudiza el problema de la desigualdad, pues si bien los grandes agentes tienen recursos para escapar a las cargas tributarias los medianos carecen de ellos.

Lo menos molesta posible

En Costa Rica gran parte del parque empresarial se compone de pequeñas y medianas firmas, con ingresos suficientes para ser gravadas en niveles altos, sin que realmente puedan costearlo.  Lo que me hace pensar que la propuesta gubernamental, bien intencionada como pueda ser, terminará impactando con mayor fuerza a las clases medias. 

Esto puede tener serias implicaciones sobre los nuevos emprendimientos y el movimiento de ascensión social. Si no se tiene cuidado se terminará creando una nueva barrera entre clase media y alta, con una especial referencia a los casos de los impuestos de renta y a la propiedad. 

Además, se desarrollará, una gran crisis social, donde el pluralismo se ha pervertido y la legitimidad del gobierno se ha deteriorado.

En un ambiente tan tenso un diseño conductual adecuado se vuelve crucial para evitar reacciones adversas extremas. Una política óptima debe promover el bienestar pero, conductualmente, debe ser lo menos molesta posible.

Asimismo, no es correcto, ni justo promover un aumento de las cargas que el pueblo debe soportar si éste no se verá reflejado en una mejoría de los servicios públicos que costean. De otra forma solo se estará pagando por la acumulación de varios años de irresponsabilidad presupuestaria.

El discurso no debería centrarse tanto en las medidas temporales planteadas por el gobierno, sino en la solución del problema estructural que se ha arrastrado por años.

La relativización con respecto a otros países también es peligrosa. Puede que en Costa Rica algunos impuestos sean menores que en otras naciones, pero no es correcto justificarse en ello sin más para aumentarlos. No se trata de ser “el menos malo”, sino el mejor posible. Si vamos a compararnos con casos externos que sea para mejorar, no para empeorar.

(*) Jorge A. Rodríguez Soto es economista e investigador científico independiente.