Un mismo vehículo nuevo puede ser adquirido por una persona de altos ingresos o por una personas de ingresos medios, pero ambos tributan como si su situación económica fuese equivalente

Por Jorge A. Rodríguez Soto

Los impuestos, en términos generales, son imposiciones, tal como lo indica el nombre. No se trata de contribuciones voluntarias, sino de cobros que realiza el Estado para algún propósito o razón.

En la modernidad se le da preponderancia al papel de estos como instrumentación en la lucha contra la desigualdad, estructurándolos de manera que los más privilegiados sean los que más contribuyan y, a su vez, estos fondos recaudados se utilicen en implementaciones de política pública que tiendan a mejorar las condiciones desfavorables que algunos enfrentan.

Dicha línea general de política pública e impuestos suele denominarse progresiva. Los derechos de circulación y a la propiedad de vehículos, como el marchamo en Costa Rica, nacen de esta corriente ideológica. Bajo ideales progresivos que señalaban la posesión de automotores como un “lujo” y a quienes los poseen como personas aventajadas que pueden permitirse dicho lujo.

Además, el cobro del marchamo puede considerarse progresivo desde otro aspecto: la discriminación.

El derecho de circulación, tal cual se implementa en Costa Rica, discrimina según el valor del vehículo. A mayor valor, mayor el desembolso que deberá hacerse a razón de marchamo. Esta es una excelente manera de discriminar entre agentes, pues solo los que poseen ciertos ingresos pueden comprar ciertos vehículos.

Pero aquí es donde cabe cuestionar la veracidad de tales supuestos.

Los impuestos sobre la circulación de vehículos fueron bien pensados, pero los tiempos han cambiado. Las formas de propiedad y opciones de adquisición de automotores son muy distintas a las vigentes durante la concepción del marchamo. Este impuesto fue ideado en una época que contratos como los leasing o adquisiciones mediante  crédito no eran frecuentes. Estas nuevas opciones de adquisición ponen en serio entredicho la progresividad de este impuesto.

Para empezar, los vehículos suelen ser mejor valorados entre más reciente sea su modelo. Esto es lógico, entre más nuevo más caro; lo que implica también un mayor impuesto a razón de poseer un vehículo nuevo. Pero esta forma de pensar que fue progresiva cuando los vehículos debían adquirirse mediante desembolsos directos de los compradores, bajo las nuevas formas jurídicas y financieras podría incluso terminar por ser regresiva.

Estratos de ingresos medios no poseen suficiente dinero para adquirir un vehículo de contado, pero si para solicitar un préstamo. Hoy en día, muchas personas de ingresos modestos adquieren vehículos mediante créditos o contratos de leasing.

Como resulta obvio, una entidad financiera no dará un préstamo sobre un activo de poco valor o que corra alto riesgo de deterioro. Como consecuencia, quienes recurren a estas opciones de compra deben optar por automotores nuevos o casi nuevos y terminarán pagando un mayor impuesto, además de cuotas de deuda.

Un mismo vehículo nuevo puede ser adquirido por una persona de altos ingresos, gracias a su poder de compra y ahorro, o por una personas de ingresos medios mediante un préstamo; pero ambos pagan el impuesto como si su situación económica fuese equivalente.

Lo anterior debido a que la concepción del derecho a la propiedad de vehículos es herencia de una época posibilidades de adquisición limitadas.

Por ello es necesario actualizar este tipo de impuestos, de forma que contemplen las nuevas formas jurídicas de propiedad y adquisición, si se desea que continúen siendo progresivos. Teniendo claro, por supuesto, que una mayor discriminación entre los contribuyentes implica más riesgos de elusión o evasión, y mayores costos en cuanto a operacionalización.

Pero es necesario, ya que para muchos el vehículo dejó de ser un lujo y se ha convertido en una fuente de ingresos.

En una crisis como la presente muchas personas que perdieron sus empleos aprovechan sus vehículos para obtener algún ingreso con actividades de mensajería o transporte. Y esta es una población altamente vulnerable en el estado actual de la economía; no es progresivo, ni correcto exigirles impuestos altos sobre sus vehículos, que tal vez sean su única fuente de ingresos de momento.

Jorge A. Rodríguez Soto. Economista e investigador científico independiente. jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com