Por Yanancy Noguera Calderón (*)
OBRA GRIS

En 2007, hace 13 años, la Contraloría General de la República fue una de las pocas instituciones que dio el paso hacia el salario único, la discusión que hoy tenemos abierta de nuevo en Costa Rica.

Según datos de la Contraloría, de sus 703 empleados a junio pasado, el 65% tiene salarios bajo ese modelo. El paso del tiempo logró, sin huelgas ni paralización en las calles, un cambio para bien en el Estado y en el país.

El salario único es una compensación única al trabajador sin considerar pluses o sobresueldos. El modelo además aspira a que dos personas que hacen lo mismo ganen los mismo, no importa la institución pública en que estén, e incluso si es entre una entidad pública y una organización privada, o independientemente del tiempo de permanencia en el puesto. 

La Contraloría optó por aplicar el salario único a las personas nuevas que ingresaron a la institución a partir del 2007. En promedio, según datos de los últimos cinco años, se pensionan 25 personas lo que, sumado a las renuncias, sustituciones y nuevas contrataciones, ha generado la transformación paulatina.

Un modelo de salario similar, denominado régimen de escala global, opera en el Banco Central desde el 2000, con lo cual también se eliminó el pago de pluses de los funcionarios contratados desde entonces. Una vez al año se realizan ajustes salariales que procuran competitividad salarial respecto a otras entidades financieras.

El Banco Central, tras ser el pionero, movió también al Banco Nacional que implementó el cambio en 2011, el Instituto Nacional de Seguros –con un modelo diferente– y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicas desde 2007.

“Si la planilla sigue creciendo, si las fuentes para pagar esos salarios no son sanas o si no hay eficiencia, el problema no se soluciona, y eso lo evidencia la propia Aresep pese al cambio adoptado hace 13 años”.

Sin embargo, el salario único o global por sí mismo no soluciona el problema del empleo en general y el fiscal de corto plazo. 

La discusión actual de si se puede aplicar esta reforma a todos los funcionarios actuales, que defiende el abogado constitucionalista Rubén Hernández, o la tesis del Gobierno expresada por el propio presidente Carlos Alvarado, es solo una parte de la compleja discusión. 

Si la planilla sigue creciendo, si las fuentes para pagar esos salarios no son sanas o si no hay eficiencia, el problema no se soluciona, y eso lo evidencia la propia Aresep pese al cambio adoptado hace 13 años (véase noticia de La Nación y noticia de CR Hoy).

Igualmente se debería considerar el impacto económico inmediato del cambio pues, por ejemplo, el Poder Judicial alega que requeriría una inversión inicial importante para ejecutar el salario único con incentivo de los funcionarios a moverse a dicho esquema.

Y, otro argumento a considerar es el de las universidades públicas, en el sentido de que con este modelo salarial los profesores se pueden ver desmotivados de trabajar como docentes. ¿Será real?

La discusión no es sencilla y por eso aunque es urgente no puede ser ligera. Ocupará un buen tiempo de los diputados en sus nuevas curules y oficinas, y demandará de ellos sensatez, profundidad y capacidad de amarrar acuerdos políticos. Eso no blinda la discusión de las protestas sindicales, en sus distintas manifestaciones.

“(…) la realidad fiscal del país amerita impulsar cambios estructurales en materia de empleo público, con la finalidad de construir una estructura salarial acorde con las posibilidades del Estado y -de la misma forma- evaluar su tamaño según su situación fiscal”: cita de la Contraloría del 30 de setiembre pasado, posiblemente la entidad pública que tiene la mayor autoridad moral para decir esto.

(*) Yanancy Noguera es periodista y tiene un MBA con énfasis en finanzas. Fundadora de Punto y Aparte, un programa colaborativo de buen periodismo entre estudiantes y periodistas experimentados. Fue directora de La Nación y El Financiero, con 24 años de experiencia en medios y de esos 15 en posiciones de dirección. Profesora universitaria.